En el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 28 de febrero de 2006, la Federación Ecuatoriana de Tiro con arco, presidida por Otton Baquerizo, fue sometida a un examen especial de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental aplicable y obligatoria en las entidades del sector público, donde se revela la existencia de ocho desviaciones.

Este informe  fue aprobado con oficio 016-DR1 UAI-2007, aprobado por la Contraloría  General del Estado y según consta en dicho documento, la primera desviación fue que la entidad no cuenta con un estatuto reformado y su directiva no está inscrita en el SENADER, por lo que la institución no acredita su vigencia y funcionamiento.

También existe la adquisición de un automóvil  por 10.000,00 USD, “monto que no fue cancelado directamente al vendedor sino que se lo realizó como una reposición al Presidente de la entidad, ya que él fue quien efectuó esa compra con su propio dinero, dicha reposición se efectivizó mediante comprobante de egreso No. 584, cheque No. 558 de 13 de septiembre de 2005”.

En la conclusión señala que “el Presidente no cumplió con los procedimientos que garanticen la legalizar de la compra efectuada, puesto que no realizó un análisis de la necesidad, no solicitó cotizaciones, ni autorización del Directorio para su adquisición, no legalizó la compra mediante contrato de compra venta, no pagó directamente al vendedor, y no efectuó el acta de entrega recepción, así como no legalizó el bien a favor de la entidad”.

También se evidencian “desembolsos  sin justificativos, el Presidente y el Tesorero efectuaron desembolsos por un valor de USD 21.893,11,  sin que se adjunten a los comprobantes de egreso oportunamente la suficiente documentación de respaldo que los justifiquen. En el transcurso del examen los justificativos en su  totalidad fueron presentados, los mismos que fueron analizados por el auditor actuante, quién verificó la veracidad, propiedad y legalidad de los pagos realizados”.

El pago de multas e intereses al SRI fue otra inconsistencia encontrada, tal como se mencionó durante la cadena de televisión que emitió el Ministerio del Deporte en días pasados.  “El Presidente y Tesorero no cancelaron oportunamente las retenciones legales determinadas por el SRI, lo que dio lugar al pago de intereses y multas por estos conceptos y disminuya la capacidad financiera de la entidad”.

Con Certificación No. 1100-DR1-DPGY de 5 de octubre de 2012 (válido por 30 días), suscrito por el Delegado Provincial del Guayas  de la Contraloría General del Estado,  a pedido de Ottón Baquerizo, se certifica que no tiene “responsabilidad administrativa, civil o penal”, cuando las evidencias constan en el informe de examen especial aprobado por la Contraloría. Por lo tanto, se desconoce la razón por la que la Contraloría no aplicó multas o sanciones como lo ordenan las disposiciones legales por las desviaciones reveladas en el informe aprobado.

Así mismo,  con oficio 126-IFED-MD-2012 de 13 de julio de 2012, los Interventores, representantes legales de la Federación de Tiro con Arco,  solicitaron a Ottón Baquerizo que, en el lapso de 72 horas, se sirva presentar un informe debidamente documentado del cumplimiento de las 11  recomendaciones, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que son de obligatorio cumplimiento. Hasta la presente no ha existido respuesta por parte de Baquerizo.